Por Jaime Duarte Mtz.,
Consultor en Imagen y Reputación e investigador socio-político
Con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos -ya hablaré en otro momento del PAN y del PRD tras su derrota- vuelven a escena también rostros conocidos y recuerdos desagradables.
Ante esto, la primera pregunta que surge es...
¿Romperá Peña Nieto con el viejo PRI si este le impide consolidar la transición?
El "primer priísta del país" dijo en campaña que rompería con el pasado e inauguraría una nueva forma de gobernar. ¿Se trata de un discurso demagógico más o de una firme convicción personal como requisito sine quanon para hacer avanzar al país?
Porque consolidar la transición -iniciada hace 12 años con la alternancia foxista- implica, por una parte, resolver problemas endémicos y colosales como la inseguridad pública, la pobreza, el desempleo, la falta de educación, etc. y, por la otra, enfrentar necesariamente a poderosos intereses políticos y económicos que han procurado obstaculizarla.
Como sucedió con Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo en sus respectivos sexenios, Peña Nieto tendrá que enfrentar -tarde o temprano- a las fuerzas retardatarias del PRI que durante décadas frenaron el desarrollo de México. Se trata de la clase política priísta más longeva, corrupta y violenta, conocida también como los "dinosaurios".¿Lo hará?
Los "dinosaurios" fueron probablemente quienes orquestaron la irrupción zapatista en 1994; asesinaron a Colosio; secuestraron a figuras como Angel Lozada, Alfredo Harp Helú, Joaquín Vargas y Diego Fernández de Cevallos; ejecutaron al Cardenal Posadas; masacraron a 17 campesinos en Aguas Blancas; frenaron el avance democrático por 70 años; impidieron el reconocimiento jurídico de la Iglesia en su momento... en fin: se esmeraron en desestabilizar al país. Hoy, dicen algunos, son mafias que operan en la oscuridad y mantienen estrechos vínculos con el crimen organizado.
Si Peña desea convertirse en el líder y estadista que México requiere, que deje atrás el recuerdo del conflicto post electoral -bajo la acusación del PRD, de López Obrador y del movimiento #YoSoy132 de que "compró la elección"- tendrá que "legitimarse" pronto en el ejercicio del poder.
El mandato de las urnas (más de 19 millones de votos) le exige al próximo Presidente Constitucional (hombre pragmático y tecnócrata) acciones que den resultados tangibles en sus primeros "100 días de gobierno". Entre tales acciones podría, por ejemplo, comenzar a desmantelar las anquilosadas estructuras de poder y dejar atrás prácticas antidemocráticas que han distinguido a su partido desde su fundación en 1929. Deberá, asimismo, enviar mensajes claros y contundentes a los mexicanos de que en su administración no habrá más privilegios a los poderosos.
Llevar ante la Justicia a importantes líderes sindicales y a ex gobernadores tricolores acusados de corrupción, como la captura de capos de las drogas y la negociación con el PAN que concrete las reformas estructurales, bien podrían persuadir a la opinión pública y darle puntos a su favor.
Está por verse, sin embargo, si el Ejecutivo Federal tiene la estatura moral, la voluntad política y las agallas suficientes para desterrar al viejo PRI del poder si este intenta, una vez más, boicotear la transición política a la democracia y buscar más bien la regresión. Y veremos igualmente si los "dinosaurios" están dispuestos a negociar su extinción. Yo no lo creo.
